En un esfuerzo por combatir la corrupción inmobiliaria que afecta a la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Martí Batres, ha presentado una iniciativa de reforma que será discutida durante el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la capital. Esta propuesta busca agregar el Capítulo XV y el Artículo 276 Quáter al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal.
¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?
La iniciativa tiene como propósito principal reconocer la corrupción inmobiliaria como un delito y establecer sanciones significativas para los servidores públicos, así como para sus redes de familiares y socios involucrados en estos actos ilícitos. Según Batres, el delito se refiere a la autorización de la construcción de inmuebles o pisos adicionales a los permitidos por la ley, mediante permisos emitidos con el objetivo de obtener beneficios personales, ya sea en forma de dinero o departamentos.
«Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. La sanción por las conductas descritas en este artículo será de 10 a 20 años de prisión, con independencia de otras sanciones que correspondan a otros tipos penales», declaró el jefe de gobierno.
Además, la iniciativa establece que las penas descritas se incrementarán en un 50% cuando se obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie, para el servidor público, su círculo familiar, pareja o cualquier tercero con vínculos afectivos o económicos.
El contexto del «Cártel inmobiliario»
Esta propuesta surge después de acciones dirigidas contra el llamado «Cártel inmobiliario» de la Ciudad de México, donde dos servidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez fueron condenados y devolvieron propiedades por más de 80 millones de pesos como parte de la reparación del daño.
El jefe de Gobierno señaló que la corrupción inmobiliaria tiene impactos sociales, incluido el encarecimiento de la vivienda, la especulación con los costos del suelo y problemas en la provisión de agua y protección civil.
Objetivos principales de la iniciativa
Las autoridades de la Ciudad de México han identificado tres objetivos principales con la iniciativa presentada:
- Disuadir la formación de organizaciones similares dentro de la administración pública.
- Contar con instrumentos normativos que permitan combatir eficazmente la corrupción en todos los ámbitos del servicio público, con énfasis en aquellos casos que obstaculizan el ejercicio de los derechos de las personas.
- Contribuir desde el ámbito penal a la transformación de la política inmobiliaria, estableciendo la vivienda digna y segura como un derecho fundamental y no como un objeto de especulación financiera.
«Las normas tienen que ser dinámicas, no podemos pensar en normas inamovibles. Podrá ser un elemento muy eficaz en el combate a esta lacra que ha sido la corrupción inmobiliaria y la participación de servidores públicos en ella», concluyó el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez.